El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) informó este lunes que, hasta el momento, no cuenta con pruebas suficientes para clasificar el asesinato de Camila Ponce Arriagada como un femicidio. La joven conductora de aplicación falleció tras ser brutalmente golpeada y atropellada por un conductor en Avenida España, Valparaíso, el pasado 19 de marzo.
De acuerdo con un comunicado de la entidad, la Dirección Regional de Valparaíso activó protocolos internos para recabar antecedentes en coordinación con el Ministerio Público, Carabineros y la PDI. Sin embargo, el organismo precisó que la información de la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios "no permiten, hasta ahora, establecer que se trate de un hecho de violencia por razones de género".
El SernamEG detalló que la falta de elementos impide evaluar acciones judiciales como la presentación de una querella por el delito de femicidio. La institución señaló que la causa actualmente permanece bajo carácter reservado en la Fiscalía de Valparaíso, lo que limita el acceso a los datos a los intervinientes del proceso.
Tensiones políticas y críticas al Ejecutivo
La postura del servicio generó fuertes críticas de parlamentarias y familiares de la víctima. Durante una sesión de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado, la familia de Ponce solicitó que el crimen sea investigado como un crimen de odio, argumentando que existen elementos que apuntan a un ataque motivado por su orientación sexual.
La senadora Karol Cariola (PC) cuestionó la gestión del Gobierno y la ausencia de la ministra Judith Marín en dicha sesión. "El Ministerio de la Mujer le falla doblemente a Camila Ponce y su familia", afirmó la parlamentaria. Cariola también señaló que "resulta incomprensible que justamente el Ministerio de la Mujer no lo haga. No puede haber dos miradas tan distintas en un mismo gobierno".
Tras la sesión, las senadoras acordaron oficiar al Ministerio de la Mujer para que evalúe la presentación de una querella. Por su parte, el SernamEG confirmó que tomó contacto con la familia entre el 26 y 30 de marzo para gestionar apoyo psicológico a través del Programa de Atención a Víctimas (PAV) de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El caso se remonta al 19 de marzo, cuando una discusión vial terminó en la agresión fatal de la joven. El presunto agresor, quien permaneció prófugo varios días, fue detenido recientemente en el Complejo Fronterizo Colchane, tras un intento de escape por la frontera norte de Chile.