La Contraloría General de la República (CGR) reveló graves fallas de seguridad en cinco centros penitenciarios de la región de Aysén durante una fiscalización sorpresa realizada de forma simultánea el pasado fin de semana. Según informó el diario La Tercera, la auditoría dejó al descubierto que, durante la noche del 30 de mayo y la madrugada del 31, se ignoraron los protocolos de seguridad, dejando las instalaciones en una situación de vulnerabilidad extrema.
El contralor regional, Ricardo Hevia, encabezó el operativo, que se llevó a cabo entre las 22:00 y las 02:30 horas. Al llegar al Centro de Internación Provisional y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coyhaique, los inspectores se encontraron con que el portón principal de acceso vehicular y peatonal estaba completamente abierto y con la barrera de seguridad levantada.
Lo que más preocupó a los investigadores fue la falta total de supervisión en la entrada. La caseta de guardia, destinada a controlar el acceso al recinto, permanecía vacía y sin ningún funcionario de Gendarmería encargado de monitorear el perímetro.
De acuerdo con el informe, esta negligencia es un problema recurrente. La CGR señaló que la misma falla de seguridad ya había sido detectada en una auditoría previa realizada en marzo de 2025, sin que las autoridades penitenciarias implementaran las medidas correctivas necesarias desde entonces.
Auditoría nacional revela fallas sistémicas
La inspección en Aysén forma parte de un plan nacional de auditoría que actualmente revisa 70 centros penitenciarios en todo Chile. La CGR se está enfocando específicamente en los protocolos de seguridad, el control de contrabando, la incautación de sustancias ilícitas y la verificación de los turnos del personal.
Ante estos hallazgos, la Contraloría ha notificado oficialmente al Ministerio de Seguridad Pública y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El organismo exige la apertura inmediata de investigaciones administrativas y la implementación de medidas de seguridad urgentes para mitigar los riesgos detectados en los recintos.
La auditoría también abarcó el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, así como el Centro de Detención Preventiva y el Centro de Estudio y Trabajo Valle Verde en Puerto Aysén.
Más allá de la seguridad física inmediata, la CGR está revisando el estado de expedientes administrativos pendientes dentro de Gendarmería. Muchas de estas investigaciones internas, que involucran incidentes como fugas de reclusos y consumo de drogas dentro de las cárceles, han permanecido sin resolución durante años y corren ahora el riesgo de prescribir.
La CGR confirmó que las auditorías en la región de Aysén continúan en curso. Se espera que las autoridades sigan evaluando los procedimientos internos y la operatividad de los centros durante las próximas semanas.
