Un militante del Partido Republicano interpuso una denuncia formal ante el Tribunal Regional Electoral de Los Ríos, denunciando graves irregularidades en la conformación de la directiva regional de la colectividad.
Armin Contreras, integrante del partido, presentó la acción legal para cuestionar la legitimidad de los recientes nombramientos. Según la denuncia, el proceso careció de elecciones reglamentarias e involucró a personas que actúan sin la autoridad legal correspondiente.
La disputa surge tras la salida de la expresidenta regional, Oriet Montecinos, quien dejó su cargo tras ser designada seremi de la Mujer por el Gobierno. Tras la renuncia de Montecinos, la directiva quedó a cargo de Paulina Hernández.
En su demanda, Contreras alega la existencia de "vicios de nulidad" en la constitución de los representantes regionales del partido, sosteniendo que no se realizaron elecciones para conformar la nueva directiva regional.
Denuncias de liderazgo de facto
La denuncia sostiene, además, que ciertas personas están ejerciendo funciones políticas sin un mandato formal ratificado por el Servicio Electoral (Servel). Contreras argumenta que estos dirigentes están actuando "de facto", tomando decisiones administrativas y políticas sin respaldo legal.
Según el documento, esta falta de un proceso formal vulnera los principios de democracia interna del partido. La acción legal busca anular cualquier nombramiento que no cumpla con los requisitos legales y exige que la colectividad convoque a nuevas elecciones de manera inmediata.
Mediante un comunicado por escrito, el Partido Republicano rechazó las acusaciones de irregularidades. La organización sostiene que todos los cambios y designaciones recientes se ajustan a los estatutos de la colectividad y a los procesos internos vigentes.
Dirigentes del partido señalaron que las denuncias ignoran los mecanismos de transición y las facultades específicas permitidas para asegurar la correcta organización del grupo político. Asimismo, negaron la existencia de cualquier nulidad legal en la estructura directiva actual.
Contreras también busca sanciones contra los responsables en caso de que el tribunal determine que el proceso vulneró las normas establecidas. El Tribunal Regional Electoral tiene ahora la tarea de revisar la legalidad de la conformación de la directiva regional del partido.
