Legisladores del Frente Amplio (FA) han presentado un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para revisar la legalidad de una nueva directriz del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según informó BioBioChile, la instrucción limitaría la capacidad de los abogados del Estado para intervenir en procesos judiciales relacionados con el cumplimiento de penas por crímenes contra la humanidad.
La impugnación legal busca determinar si las instrucciones internas del Ministerio exceden su facultad legal o vulneran el principio constitucional de legalidad. La solicitud parlamentaria pide a la Contrayoría decidir si la administración puede utilizar mandatos internos para restringir las funciones de representación judicial establecidas por ley.
La diputada Javiera Morales, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, criticó la postura del Ministerio, según reportó BioBioChile. “Es preocupante que este gobierno crea que el Ministerio de Justicia funciona como un bufete de abogados para sus amigos en Punta Peuco”, señaló Morales.
Morales argumentó que el mandato legal del Ministerio es defender y garantizar los derechos humanos, en lugar de actuar como defensa de quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. La directriz ha limitado específicamente el rol del programa de Derechos Humanos en lo que respecta a los recursos para beneficios penitenciarios solicitados por los condenados.
Por su parte, el diputado Roberto Celedón, también de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que la instrucción genera confusión jurídica, según informó BioBioChile. Señaló que la orden impide el uso de recursos legales en casos que involucran a internos de edad avanzada o con enfermedades mentales, como un recluso de 95 años, sugiriendo que la medida podría ser un intento de eludir los planes de indultos anunciados previamente por el Presidente.
Fricción legislativa por la reforma a la 'Ley de Urgencias'
Mientras se desarrolla la disputa por derechos humanos, el Congreso chileno también enfrenta un debate de alto impacto sobre la reforma de la 'Ley de Urgencias' del Gobierno. El proyecto, que busca estimular la inversión y el empleo, recorre un camino incierto debido a su acelerado cronograma legislativo, según informó El Mostancia.
Leonardo Jofré, abogado del Frente Amplio, criticó al Gobierno por imponer urgencia al proyecto, lo que reduce el periodo de discusión a solo 15 días por cámara. Jofré sostuvo que el proyecto contiene elementos profundamente conflictivos, tales como la reducción de la tasa de impuesto de primera categoría del 27% al 23% y el fin de la exención de impuestos para la primera vivienda de residentes mayores de 65 años.
“No parece coherente buscar un espíritu de consenso en una discusión de tanta profundidad política cuando se aplica una urgencia con una capacidad de debate de 15 días por cámara”, declaró Jofré a El Mostrador.
Sin embargo, Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad, defendió los objetivos de la reforma, señalando que el proyecto busca impulsar a las pymes y la inversión. Riquelme advirtió contra el uso de consignas por parte de la oposición que presentan el proyecto como una medida a favor de los más ricos, sugiriendo que el documento de 200 páginas requiere un estudio exhaustivo en las comisiones legislativas.
“El gobierno va a querer llevar adelante su proyecto político, pero también tenemos que entender que para eso existe la separación de poderes del Estado y el debate tiene que darse en el Congreso”, afirmó Riquelme, según El Mostrador.
