El exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (RN), criticó la decisión del Gobierno de publicar cifras semanales de homicidios, señalando que la práctica carece de utilidad para la planificación estratégica.
En entrevista para 'El Primer Café' de Cooperativa, Ubilla reconoció que la medida cumple con los objetivos de transparencia, pero señaló que las fuerzas de seguridad requieren métricas distintas.
"Desde el punto de vista de la transparencia y de lo que los ciudadanos y los medios le piden a las autoridades, es correcto", afirmó Ubilla. "Pero en cuanto a si esta información semanal es útil para la planificación estratégica, diría que no; creo que se requiere información agregada".
Ubilla sugirió que, aunque el flujo diario de reportes mediáticos continuará, un resumen semanal podría ayudar a satisfacer la demanda de información del público sin complicar las labores policiales.
Preocupación por la asignación de recursos
El exministro Ricardo Solari (PS) fue más tajante, calificando el enfoque en la producción de datos como un desperdicio de recursos estatales.
"En lugar de combatir el crimen y los homicidios, una parte de la gente tendrá que estar produciendo información y datos para un indicador. Es una asignación de recursos terrible", señaló Solari.
Solari añadió que el Gobierno debe ir más allá de los informes y centrarse en sus promesas de seguridad. Argumentó que la ciudadanía necesita una presentación detallada y formal sobre cómo la administración pretende ejecutar su agenda de seguridad.
Por su parte, Claudio Arqueros (UDI) vio la medida de transparencia como una forma de forzar la rendición de cuentas del Gobierno. Señaló que la práctica debería servir como una exigencia de resultados autoimpuesta.
Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, aconsejó a la administración mantener la continuidad de las iniciativas de seguridad anteriores. Destacó específicamente la importancia del proyecto de inteligencia económica utilizado para rastrear los flujos de dinero criminal.
Leighton advirtió contra el error de tratar la fiscalización policial como un "cheque en blanco", enfatizando que los problemas de seguridad complejos requieren estrategias sostenidas y especializadas.
