La Cámara de Diputados de Chile rechazó una propuesta legislativa que pretendía otorgar a la Fiscalía Militar la competencia inicial en las investigaciones por espionaje y delitos cometidos en instalaciones militares.
La iniciativa, impulsada por el diputado republicano Luis Sánchez, no consiguió el quórum necesario para su aprobación, a pesar de obtener una mayoría simple. La votación cerró con 76 votos a favor, 63 en contra y 5 abstenciones, quedando por debajo de los 78 votos requeridos para una regulación de rango constitucional, según informó latercera.com.
El proyecto buscaba modificar el Código Penal para establecer que los delitos que involucren armas, elementos peligrosos o espionaje ocurridos dentro de recintos militares deban ser investigados inicialmente por la justicia militar. En caso de que los investigadores determinaran que el acusado no pertenece a las Fuerzas Armadas, el caso sería derivado posteriormente al Ministerio Público.
Seguridad frente al debido proceso
Los defensores de la medida argumentaron que el cambio fortalecería la respuesta del Estado ante amenazas a la seguridad nacional al involucrar a instituciones especializadas desde el inicio. Los partidarios de la propuesta también señalaron que el proyecto incluía salvaguardas para los civiles, ya que el sistema de justicia ordinaria asumiría finalmente los casos que involucren a personal no militar.
Quienes apoyaban la iniciativa sugirieron que un manejo más riguroso del personal militar podría actuar como un elemento disuasorio contra el espionaje. Sin embargo, los detractores advirtieron que el proyecto distorsionaría el sistema judicial al someter a civiles a tribunales militares, aunque sea solo durante las etapas iniciales de una investigación.
Las críticas sostuvieron que la propuesta podría vulnerar derechos fundamentales, como el debido proceso, y generar inseguridad jurídica. Asimismo, señalaron que el proyecto no lograba modernizar una legislación obsoleta que tiene más de un siglo de antigüedad.
Este impulso legislativo se produjo tras un incidente ocurrido en mayo de 2025 en Pozo Almonte, donde dos personas ingresaron a una base de la Fuerza Aérea. Si bien las autoridades sospecharon de espionaje, la Fiscalía solo pudo imputar a los sospechosos por infracciones a la ley de armas, debido a que los tribunales militares carecen de la facultad para investigar a civiles, según informó el medio.
