El Gobierno del Presidente José Antonio Kast impulsa la creación de un "Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades", una medida anunciada en su primera Cuenta Pública que busca sancionar faltas que dañan la convivencia urbana mediante la restricción temporal de beneficios estatales. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló en Radio Infinita y Radio ADN que los infractores podrían ser incluidos en esta nómina por periodos de uno a cinco años, dependiendo de la gravedad de la falta, lo que implicaría la imposibilidad de postular a ayudas sociales o la retención de devoluciones de impuestos.
La iniciativa ha sumado una nueva arista tras las declaraciones del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. En diálogo con Radio ADN, el jefe del Ministerio Público valoró la propuesta por estar "bien inspirada" al poner foco en las incivilidades, señalando que la experiencia extranjera demuestra que tolerar faltas menores contribuye a la comisión de delitos más graves. No obstante, Valencia reforzó su postura de que el registro debería incluir delitos económicos y casos de colusión, argumentando que esto permitiría proteger el patrimonio público y asegurar la reparación del daño causado a la comunidad, según informó La Tercera.
La propuesta enfrenta un escenario político complejo tras la reestructuración del Ministerio de Seguridad. El titular de la cartera, Martín Arrau, removió esta semana a los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, reemplazándolos por Pilar Giannini y Gonzalo Guerrero, según informó La Tercera. Este cambio ocurre tras los primeros 69 días de gestión, un periodo que el exministro Jorge Burgos calificó como un "esquema que fracasó", aunque valoró la decisión de Arrau de mantener la continuidad de la Política Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa ha generado una fuerte controversia sobre sus criterios de aplicación. Mientras el Gobierno inicialmente descartó que el registro incluyera delitos económicos o violaciones a los Derechos Humanos —argumentando que estos ya cuentan con penas privativas de libertad—, la oposición ha calificado la medida como discriminatoria. El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó si la medida busca ser un "disuasivo para quienes quieran manifestarse", mientras que el diputado comunista Luis Cuello advirtió que la medida apunta contra los sectores más vulnerables, calificándola como un "apartheid social".
La crítica también llegó desde el propio sector oficialista. La excandidata presidencial Evelyn Matthei cuestionó el enfoque punitivo, subrayando la importancia de la prevención sobre la sanción. Por su parte, el exministro Jorge Burgos advirtió sobre los riesgos del diseño de la política pública, señalando que "si la única medida fuera esa, por cierto que es clasista". El subsecretario Pavez ha dejado la puerta abierta a que el Parlamento modifique los alcances del proyecto durante su tramitación.
