MADRID — El Gobierno de España ha aprobado un programa de amnistía que permitirá a un estimado de 500.000 inmigrantes en situación irregular solicitar la regularización de su estatus legal. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó la medida mediante decreto este martes, sorteando un Parlamento donde el gobierno de izquierdas carece de mayoría.
La nueva normativa permitirá a las personas que cumplan los requisitos solicitar un permiso de residencia y trabajo por un año. Las solicitudes podrán presentarse por internet a partir del 16 de abril, mientras que las citas presenciales estarán disponibles desde el 20 de abril hasta que se cierre el plazo el 30 de junio.
Para poder optar a este proceso, los solicitantes deberán haber llegado a España antes del 1 de enero y demostrar que han residido en el país durante al menos cinco meses. El programa también exige que los interesados carezcan de antecedentes penales.
Necesidad económica frente a la oposición política
Sánchez describió la medida como "un acto de justicia y una necesidad", argumentando que es vital para afrontar los retos del envejecimiento de la población española. Señaló que la llegada de nuevos trabajadores es esencial para mantener el impulso económico.
"Sin nuevas personas trabajando y contribuyendo... la prosperidad se ralentiza", afirmó Sánchez. Además, sostuvo que el dinamismo de la población migrante ha ayudado a que la economía española sea la de mayor crecimiento en Europa.
Los líderes de la oposición han criticado el decreto. Alberto Nez Feijo, dirigente del Partido Popular, calificó el plan como "inhumano, injusto, inseguro e insostenible". No obstante, el partido de centroderecha implementó previamente dos programas de regularización masiva durante su etapa en el poder a principios de los años 2000.
La ministra de Inmigración, Elma Saiz, confirmó que el proceso de solicitud online comenzará a finales de este mes. Aunque el Gobierno estima que 500.000 personas pueden ser beneficiarias, los analistas creen que la cifra real podría ser superior.
Funcionarios públicos y agentes de inmigración han expresado su preocupación por la carga administrativa que esto supone. Un sindicato que representa a los oficiales de inmigración exigió más recursos este martes, advirtiendo que el Gobierno no cuenta con la preparación necesaria para gestionar el aumento masivo de solicitudes.
La población de España ha ascendido recientemente a aproximadamente 50 millones de personas. Actualmente, unos 10 millones de residentes —uno de cada cinco— nacieron en el extranjero, con una gran procedencia de Colombia, Venezuela y Marruecos, países de los que llegan huyendo de la pobreza y la inestabilidad política.