El Ejecutivo chileno ha presentado dos nuevos proyectos de ley destinados a frenar el aumento de la violencia en los establecimientos educacionales, según informó latercera.com.
Una de las propuestas busca establecer nuevos agravantes en la responsabilidad penal por delitos cometidos contra las comunidades educativas y los recintos escolares. El segundo proyecto se enfoca en la implementación de medidas de seguridad y orden, lo que incluye la polémica facultad de registrar las mochilas de los estudiantes.
Esta iniciativa legislativa surge tras un alarmante incremento de la violencia escolar, que incluye actos de vandalismo, agresiones físicas a docentes y la presencia de armas de fuego en los campus. El informe destaca, además, un incidente notable en el que un inspector de escuela perdió la vida.
Nuevos requisitos para los beneficios de gratuidad
El segundo proyecto ha desatado un intenso debate en el Congreso, especialmente en lo que respecta a una disposición que vincularía el derecho a la educación superior gratuita al comportamiento estudiantil. Bajo la ley propuesta, se les denegaría el beneficio de la 'gratuidad' a aquellos estudiantes que hayan sido condenados por delitos contra la vida, la integridad física o la propiedad.
Los parlamentarios de la oposición han mostrado una fuerte resistencia, tanto a los registros de mochilas como a los nuevos requisitos de elegibilidad para las becas universitarias. No obstante, el medio reportó que la idea de condicionar los beneficios a la conducta no es nueva, tras una propuesta presupuestaria para 2025 en la que legisladores sugirieron la suspensión de beneficios por un año para los estudiantes infractores.
Quienes defienden la medida argumentan que, si bien la pérdida de los beneficios de matrícula debería ser una "última ratio" —un último recurso—, la actual falta de control sobre la violencia escolar justifica la exploración de nuevos mecanismos de disuasión. El objetivo es proteger el derecho a la educación de la comunidad estudiantil en su conjunto.
Como señaló latercera.com, endurecer los requisitos para acceder a la beca no constituye una vulneración de derechos, sino una consecuencia por no cumplir con las exigencias legales. El debate se centra en si el Estado tiene la facultad de exigir obligaciones junto con los beneficios que otorga.
A pesar de que el proyecto del Gobierno podría requerir ajustes adicionales, la iniciativa ha forzado un debate público, postergado por mucho tiempo, sobre la seguridad en las instituciones educativas.
