La Corporación Nacional del Cobre (Codelcro) presentó una ampliación de su querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, incorporando al exdiputado Gabriel Silber y al exalcalde Aldo Cornejo en la investigación por la denominada “trama bielorrusa”.
La acción judicial busca investigar la presunta participación de ambos políticos en un esquema de pagos irregulares y gestiones indebidas para favorecer al Consorcio Belaz Movitec en litigios contra la estatal. La querella también apunta contra una funcionaria del estudio jurídico investigado, María Pía Peñaloza López.
Según reportó Bío Bío Investiga, la estatal solicita que los abogados Silber y Cornejo entreguen de manera voluntaria sus teléfonos celulares y sus chats de WhatsApp desde el año 202 y la fecha de la presentación.
Participación en el esquema de influencia
La querella sostiene que Silber, socio de los abogados ya formalizados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos Herrera, participó directamente en el mecanismo para favorecer pagos multimillonarios al consorcio. La imputación señala que el exdiputado tuvo conocimiento “directo y pleno” del “mecanismo de influencia ilícita” sobre la exministra Ángela Vivanco a través de su pareja, Gonzalo Migueles.
De acuerdo con los documentos de Codelco, Silber habría tenido una “participación protagónica” en la tramitación de acciones judiciales, incluyendo un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó y un recurso de queja en la Tercera Sala de la Corte Suprema.
La estatal afirma que, aunque Silber declaró no haber realizado gestiones para apurar la vista de las causas, “el solo hecho de haber comparecido como abogado patrocinante en un recurso cuyo resultado favorable fue obtenido mediante sobornos a la Ministra Vivanco –de lo cual tenía pleno conocimiento– configura una contribución esencial a la ejecución del plan delictivo“.
En paralelo, la situación jurídica de la exministra Ángela Vivanco, quien permanece en prisión preventiva, sufrió un nuevo cambio. CNN Chile informó que su defensa particular, liderada por el abogado Jorge Valladares, presentó su renuncia al patrocinio y poder de la imputada.
Tras la renuncia, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago designó de forma provisoria al defensor penal público Víctor Providel para asegurar la representación de Vivanco. El tribunal estableció que la exministra podrá designar un abogado de su confianza en cualquier momento de la investigación por soborno y lavado de activos.
