Los abogados de Codelco ampliaron la querella en el caso conocido como "trama bielorrusa", dirigiendo nuevas acusaciones de soborno y lavado de activos contra los exdiputados Gabriel Silber y Aldo Cornejo.
La acción legal, presentada por Julián López y Carolina Sepúlveda, también incluye a María Pía Peñaloza, secretaria de Eduardo Lagos. La demanda sostiene que los tres sujetos participaron en los supuestos pagos realizados para favorecer al Consorcio Belaz Movitec en litigios contra la estatal.
Según el escrito de 37 páginas, la red operaba mediante pagos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles. El objetivo era obtener resultados favorables en causas que se tramitaban en la Tercera Sala de la Corte Suprema.
Implicaciones para Gabriel Silber
La querella señala que Silber habría actuado como coautor de los delitos de soborno en su calidad de socio del estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada.
“El señor Silber tuvo conocimiento directo y pleno del mecanismo de influencia ilícita sobre la entonces ministra de la Corte Suprema”, detalla el documento presentado ante la justicia.
Los abogados de la estatal sostienen que Silber participó en la negociación de los pagos y recibió honorarios millonarios derivados de las ganancias obtenidas ilícitamente. Además, señalan que el abogado presentó escritos directamente ante Vivanco durante su gestión como ministra visitadora en Copiapó.
La acción penal también acusa a Silber de lavado de activos por la “recepción consciente de fondos cuyo origen ilícito conocía plenamente”.
En paralelo, la situación jurídica de Ángela Vivanco presenta un nuevo escenario tras la renuncia de su abogado defensor, Jorge Valladares. El profesional presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de dejar la representación de la exjueza.
Tras la renuncia, el juez Cristián Azocar asignó provisoriamente a la Defensoría Penal Pública (DPP) para la defensa de la imputada. El defensor público, Víctor Providel, buscará entrevistarse con Vivanco para determinar si la exministra mantendrá la asistencia estatal o contratará un nuevo abogado privado.
