Más del 82% de las líneas de telefonía móvil en México no han completado el proceso de registro obligatorio, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio para millones de usuarios a 5/3 días de que venza el plazo legal, según reportó elfinanciero.com.mx.
De un total de 161.7 millones de líneas reportadas al cierre de 2025, apenas 28.3 millones han sido registradas con éxito. Esto representa un nivel de cumplimiento de apenas el 17.5 por ciento.
Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), señaló que la implementación de este registro ha cobrado relevancia ante la escasa contabilidad de las líneas ya registradas.
Para cumplir con la meta establecida antes del 30 de junio, las autoridades tendrían que procesar más de 1.75 millones de registros diarios. El ejecutivo advirtió que este ritmo es inviable.
“Para cumplir este cometido, deberían ser registradas diariamente más de un millón y 750 mil líneas de aquí al 30 de junio del año en curso, esto es imposible, porque al ritmo que hemos que se están registrando, van a tardar al menos 2 años en completar las más de 160 millones de líneas”, afirmó Piedras.
El retraso amenaza con una desconexión masiva, afectando principalmente al segmento de prepago, que constituye el 83% del mercado mexicano.
Impacto en operadores y riesgos de seguridad
Las operadoras Telcel y AT&T México ya muestran señales de la crisis. Durante el primer trimestre, América Móvil perdió 483 mil accesos, mientras que AT&T reportó una reducción de 577 mil líneas móviles.
Jesús Romo, analista de Global Data, explicó que el impacto se concentra en el segmento de prepago, donde predominan los consumidores de bajos ingresos. Según el analista, si la tendencia continúa, existe un riesgo claro para los ingresos y utilidades de las empresas.
Por otro lado, expertos advierten que la ausencia de datos biométricos en el proceso actual facilita delitos graves. Mony De Swaan Addati, expresidenta de la extinta Cofetel, señaló que el esquema actual permite la suplantación de identidad.
“Con el esquema vigente, basta presentar una identificación y la CURP para activar una línea a nombre de un tercero, sin mecanismos robustos de verificación (…) el equilibrio entre privacidad y seguridad quedó descompensado”, advirtió De Swaan Addati.
La experta concluyó que la medida actual debilita la certeza sobre la identidad del usuario real y que la prórroga del plazo no solucionará el problema de fondo si no se replantea el mecanismo de seguridad.
