La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que la ley de amnistía del país está llegando a su fin, según informó el portal latercera.com.
Rodríguez afirmó que la medida ha sido un éxito, asegurando que ha otorgado "plena libertad" a más de 8.600 personas. Estas declaraciones las realizó durante el evento de creación de una comisión encargada de llevar a cabo una "Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal".
El gobierno sostiene que esta nueva comisión tiene como objetivo reestructurar el sistema legal venezolano bajo una visión "humanista, preventiva y equitativa". Rodríguez señaló que la comisión gestionará los casos que quedaron específicamente excluidos de la ley de amnistía que acaba de concluir.
"La ley de amnistía ha funcionado muy bien en términos de cobertura y beneficiarios", afirmó Rodríguez durante la ceremonia oficial. La mandataria estimó que el número total de personas liberadas mediante esta medida asciende a 8.616.
Discrepancias en las cifras de liberaciones
Estas cifras oficiales contradicen directamente los datos proporcionados por la ONG venezolana Foro Penal. El grupo de derechos humanos informó el miércoles que, desde el 8 de una enero de 2026, solo se han liberado 768 presos políticos, de los cuales apenas 186 resultaron de la aplicación de la ley de amnistía.
Rodríguez defendió la ley ya expirada, señalando que surgió tras un periodo de mayor confrontación política y "agresión externa". Este comentario hace referencia a una intervención militar de Estados Unidos que resultó en la captura del expresidente Nicolás Maduro y de la exprimera dama Cilia Flores, un suceso que dejó más de cien muertos en el país.
La presidenta interina comparó el proceso venezolano con el modelo de amnistía sudafricano utilizado durante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como con la ley de amnistía de 2024 en España relacionada con el movimiento independentista catalán.
Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) condenó el anuncio calificándolo como una "grave violación del Estado de Derecho". La organización sostuvo que una ley de amnistía no puede darse por terminada mediante una declaración administrativa unilateral del Poder Ejecutivo.
"Su validez es inherente a la existencia de situaciones de persecución y detención arbitraria que deben ser rectificadas", expresó JEP en una publicación en redes sociales. El grupo argumentó que la decisión genera inseguridad jurídica y deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.
JEP añadió además que la medida es discriminatoria y atenta contra los derechos humanos. "Lamentablemente, este desenlace confirma nuestra preocupación inicial: la ley ha terminado siendo un ejercicio de retórica política en lugar de un instrumento genuino para restaurar la libertad de los presos políticos", afirmó la ONG.
