La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes el embargo de 111 propiedades vinculadas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por corrupción 'Vialidad', según informó biobiochile.cl.
El fallo ratifica una orden previa del Tribunal Oral Federal N° 2 para embargar bienes con el fin de cubrir los daños que ascienden a aproximadamente 685.000 millones de pesos, unos 480 millones de dólares. La justicia identificó este monto como el total del perjuicio sufrido por el Estado.
El embargo incluye inmuebles relacionados con Fernández, sus hijos y el empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado en el caso de fraude, según reportó el medio.
En la primera etapa de la ejecución, las autoridades se centrarán en unas 20 propiedades vinculadas a la exmandataria y su familia. El resto de los más de 80 inmuebles pertenecen a Báez y a las empresas involucradas en las maniobras investigadas.
Recupero de activos y desafíos legales
Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa que intentaban frenar el embargo. El tribunal dictaminó que los criterios utilizados para identificar los bienes son válidos, dado que las condenas de fondo ya se encuentran firmes.
La corte señaló que el embargo tiene como objetivo recuperar activos vinculados a la corrupción y garantizar que los beneficios derivados del delito no permanezcan en manos de los condenados.
La resolución también afirmó que la medida puede extenderse a propiedades transferidas a terceros. Esto incluye bienes recibidos por herencia, ya que el tribunal determinó que el origen ilícito de los fondos no se ve alterado por dichas transferencias.
El juez Mariano Borinsky emitió un voto particular en disidencia respecto al fallo. Argumentó que el tribunal no analizó con suficiente profundidad los reclamos de la defensa relativos a las propiedades heredadas por los hijos de la expresidenta.
La causa 'Vialidad' investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La investigación derivó en la condena de Fernández en diciembre de 2022, que resultó en una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esa sentencia quedó firme en junio de 2025 tras la confirmación por parte de la Corte Suprema, lo que permite la ejecución de la condena y de las sanciones económicas asociadas, según el informe.
