Las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 1.639 personas el año pasado, un drástico incremento del 68% respecto a las 975 muertes registradas en 2024. Las cifras, publicadas por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y Together Against the Death Penalty (ECPM), con sede en París, señalan el mayor volumen de ejecuciones sancionadas por el Estado en la República Islámica en 36 años.
Según el informe, el Estado llevó a cabo una media de cuatro ejecuciones diarias. Los delitos relacionados con las drogas representaron la mayor parte, con 795 personas ahorcadas, mientras que 747 fueron ejecutadas por cargos de asesinato. Ambas categorías experimentaron un crecimiento significativo respecto al año anterior.
Una herramienta de represión estatal
Las ONG advierten que el sistema judicial se utiliza cada vez más como arma contra la disidencia política. Al menos 57 de los ejecutados fueron condenados por cargos relacionados con la seguridad, incluidos dos manifestantes. Además, fueron ejecutados seis miembros del grupo opositor en el exilio Muyahidín-e Jalq (MEK) y una persona acusada de espiar para Israel.
"Si la República Islámica sobrevive a la crisis actual, existe un grave riesgo de que las ejecuciones se utilicen aún más extensamente como herramienta de opresión y represión", señala el informe. Los defensores de los derechos humanos señalan que más de la mitad de estas sentencias de muerte procedieron de los Tribunales Revolucionarios, que las ONG describen como plataformas para juicios profundamente injustos y carentes de las garantías procesales básicas.
Las mujeres y las minorías étnicas se vieron afectadas de forma desproporcionada. Las autoridades ejecutaron al menos a 48 mujeres, un aumento del 55% respecto al año anterior y la cifra más alta registrada para ese grupo demográfico en más de dos décadas.
Las amenazas legales contra los manifestantes siguen siendo elevadas. Al menos 16 personas condenadas a muerte en relación con las manifestaciones de 2022 de "Mujer, Vida, Libertad" siguen en peligro, mientras que otras 27 recibieron sentencias de muerte a principios de este año. Cientos más se enfrentan actualmente a cargos que conllevan la pena capital.
Raphaël Chenuil-Hazan, director ejecutivo de ECPM, argumentó que la abolición de la pena capital debe ser un elemento central de cualquier diálogo diplomático entre Estados Unidos e Irán. El director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, criticó que las actuales negociaciones internacionales no aborden la crisis de derechos humanos.
"No hay ninguna mención a los derechos del pueblo iraní" en la mesa de negociación, afirmó Amiry-Moghaddam. Sostiene que una moratoria sobre la pena de muerte y la liberación de todos los presos políticos deberían ser la principal exigencia en cualquier conversación.
