El gobierno de los Estados Unidos ha modificado las sanciones contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo en Caracas financie la defensa legal del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La decisión, revelada mediante documentos judiciales, autoriza al gobierno venezolano a costear los honorarios de la defensa de la pareja, quienes enfrentan cargos por narcotráficamente en Nueva York.
Según informan La Tercera y CNN Chile, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió licencias modificadas que autorizan estos pagos bajo condiciones estrictas. Los fondos deben provenir de recursos del Estado venezolano disponibles después del 5 de marzo de 2026 y no podrán ser extraídos de cuentas de depósitos de gobiernos extranjeros.
Este movimiento representa un cambio en la estrategia del Departamento de Justicia y de la administración Trump. Anteriormente, Washington había bloqueado el acceso a estos fondos, alegando intereses de seguridad nacional y política exterior.
Desafíos legales y escepticismo judicial
El equipo de defensa, encabezado por el abogado Barry Pollack, había impugnado las restricciones previas. Pollack argumentó que la imposibilidad de pagar los honorarios legales violaba la Sexta Enmienda de la Constitución de los EE. UU., la cual garantiza el derecho de un acusado a elegir a su propio abogado.
En una audiencia previa, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Alvin Hellerstein, mostró escepticismo ante la postura de la fiscalía. El magistrado, de 92 años, señaló que, dado que Maduro y Flores fueron capturados y trasladados a los Estados Unidos, ya no representan una "amenaza para la seguridad nacional".
Maduro y Flores fueron detenidos en Caracas el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales estadounidenses, antes de ser trasladados a una prisión federal en Brooklyn. Ambos se han declarado inocentes de los cargos. No se espera que el juicio formal comience hasta dentro de uno o dos años.
Tensiones por la liberación de presos en Caracas
Mientras Washington flexibiliza las restricciones financieras para la defensa, el gobierno interino en Caracas enfrenta críticas internas por la situación de los presos políticos. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, afirmó recientemente que el esquema de amnistía para la liberación de presos políticos estaba "llegando a su fin".
Rodríguez, ex lugarteniente de Maduro, sostuvo durante una reunión de funcionarios judiciales en Caracas que 8.616 personas han sido liberadas bajo la ley de amnistía, describiendo el programa como "muy exitoso en cuanto a su alcance y número de beneficiarios".
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas cifras y la autoridad de la mandataria para finalizar el programa. El grupo Foro Penal informó que, al 20 de abril, solo 473 personas clasificadas como presos políticos habían sido liberadas, con más de 500 aún encarceladas.
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, argumentó que la administración de justicia carece de la voluntad de aplicar la ley según sus principios originales. Señaló que solo un nuevo acto legislativo o un referéndum podría revertir legalmente la ley de amnistía, la cual actualmente no tiene fecha de vencimiento.
La organización de monitoreo Provea también criticó los comentarios de Rodríguez, afirmando que poner fin a las liberaciones no contribuye al proceso prometido de paz y convivencia. El intento del gobierno por concluir las liberaciones se produce a pesar de que la ley de amnistía fue promovida inicialmente por la Asamblea Nacional como una vía para beneficiar hasta a 11.000 personas.
