El pasado 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin necesidad de la intervención de un fiscal o una orden judicial. En una resolución de 6 votos contra 3, el Tribunal confirmó que la agencia puede congelar activos basándose únicamente en "indicios razonables" de operaciones ilícitas.
Esta decisión redefine el panorama legal para las personas físicas y morales que mantienen cuentas en el sistema financiero mexicano. El fallo permite que la UIF, un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, pueda eludir el requisito tradicional de contar con la firma de un juez o con solicitudes de autoridades extranjeras.
El especialista en cumplimiento, Pedro Javier Leyva Lizárraga, señala la lógica operativa detrás de este fallo, afirmando que el crimen organizado financiero se mueve con demasiada rapidez para la intervención judicial. Argumenta que ningún sistema serio de prevención de lavado de dinero puede depender de la celeridad de la firma de un juez.
Leyva Lizárraga hace referencia a datos que muestran que, entre 2018 y 2025, los criterios legales previos permitieron el descongelamiento de más de 32 mil millones de pesos mediante amparos que no analizaban profundamente las pruebas subyacentes.
Riesgos para la inversión extranjera
A pesar de los beneficios operativos, la resolución carece de definiciones precisas sobre qué constituye evidencia suficiente para un congelamiento. Las leyes actuales ya no permiten suspensiones inmediatas mediante amparos, lo que significa que el bloqueo de una cuenta podría permanecer vigente hasta por dos años mientras se resuelven los procesos legales.
La carga de la prueba se ha trasladado, de hecho, a las partes afectadas. Ahora, los titulares de las cuentas deben demostrar la legitimidad de sus fondos, en lugar de que la autoridad deba probar su ilegalidad.
Leyva Lizárraga advierte que los mercados internacionales ven esto desde dos perspectivas. Si bien puede señalar una postura más firme contra el lavado de dinero, también sugiere una expansión del poder ejecutivo sobre el sistema financiero sin los controles institucionales adecuados.
Esta falta de supervisión podría afectar la competitividad de México para atraer inversión extranjera directa frente a naciones como Brasil, Colombia, Vietnam y Polonia. Para los bancos corresponsales extranjeros, la preocupación principal no es la facultad de congelar cuentas, sino la presencia de salvaguardas institucionales creíbles contra el uso arbitrario de dicha facultad.
Las empresas que operan en México deben ahora actualizar sus matrices de riesgo y programas de cumplimiento. Por su parte, los bancos enfrentan la presión adicional de desarrollar protocolos de notificación claros para sus clientes corporativos, con el fin de proteger su reputación institucional durante los eventos de congelamiento.
