La realidad tras las rejas
Datos oficiales del gobierno indican que 120 niños menores de dos años viven actualmente en cárceles chilenas acompañando a sus madres. La información, difundida por la Red de Acción Carcelaria, confirma además que hay 35 mujeres embarazadas recluidas en el sistema penitenciario nacional. Cabe destacar que más de la mitad de estas mujeres se encuentra en prisión preventiva, es decir, privadas de libertad sin haber recibido una condena.
Antonella Oberti, directora de incidencia de la Red de Acción Carcelaria, describe las condiciones en estas unidades materno-infantiles como perjudiciales para el desarrollo infantil. Según Oberti, estas instalaciones se caracterizan por largas horas de encierro, escasa luz natural, ventilación deficiente y un contacto restringido con el mundo exterior. Asimismo, señala que las madres enfrentan barreras significativas para acceder a la atención médica necesaria tanto para ellas como para sus hijos.
El impacto en el desarrollo derivado de estas condiciones se agrava por la separación obligatoria de los niños al cumplir los dos años. Oberti sostiene que esta separación temprana, sumada al entorno carcelario, profundiza las vulnerabilidades preexistentes y genera daños duraderos en los menores afectados.
Un sistema insuficiente
Aunque el gobierno mantiene el programa 'Creciendo Juntos', la Red de Acción Carcelaria advierte que su capacidad es sumamente limitada. La organización identifica una falta persistente de coordinación institucional como un cuello de botella crítico que impide brindar un apoyo efectivo tanto a las madres como a sus hijos.
Una propuesta legislativa destinada a resolver estos problemas se encuentra estancada en el Senado chileno desde 2017. El proyecto busca permitir que las madres privadas de libertad cumplan sus condenas mediante medidas alternativas en lugar del encarcelamiento tradicional, además de exigir medidas cautelares menos gravosas para quienes esperan juicio. A pesar de que el proceso legislativo se extiende por nueve años, el gobierno no le ha otorgado carácter de urgencia.
En una reciente columna para La Tercera, Oberti atribuyó este estancamiento a la falta de voluntad política y al peso de prejuicios infundados. "La escasa voluntad política, la falta de recursos y la presencia de prejuicios infundados han permitido que esta situación se mantenga en el tiempo, sometiendo a madres y a sus hijos a consecuencias que van mucho más allá de la cárcel", afirmó Oberti. Los defensores de esta causa sostienen que dar prioridad a esta legislación es una necesidad urgente para garantizar condiciones dignas a una población que, actualmente, no cuenta con otras alternativas.
