Un estudio reciente de la OCDE sobre integridad y lucha contra la corrupción revela una desconexión significativa entre los marcos legales y su aplicación práctica en las naciones miembros y asociadas.
La segunda edición del informe pone de relieve una brecha crítica en la ejecución, señalando que los países de la OCDE no logran alcanzar los estándares previstos, con una diferencia promedio de 19 puntos porcentuales entre las normas establecidas y la práctica efectiva.
Los conflictos de interés representan la disparidad más grave. Aunque la regulación en esta materia ha alcanzado un 80% de desarrollo, su aplicación real ha caído estrepitosamente hasta apenas un 45%.
La transparencia en la información pública muestra un desempeño ligeramente superior, con una brecha de solo 10 puntos porcentuales: un 72% de desarrollo frente a un 62% de implementación.
Falta de fiscalización en Chile
La abogada María Jaraquemada señala que, aunque las naciones latinoamericanas han adoptado formalmente instituciones de integridad, la información resultante suele ser opaca. La mayoría de los países de la región exigen ahora que los funcionarios públicos declaren sus intereses y patrimonio; sin embargo, muchos carecen de los organismos de supervisión necesarios para imponer sanciones.
En Chile, Jaraquemada apunta a una marcada división entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Mientras que la Contraloría General realiza cruces de datos para asegurar el cumplimiento dentro del Ejecutivo, el Congreso carece de un escrutinio similar.
Asimismo, el Consejo para la Transparencia no cuenta con la autoridad legal para investigar o sancionar infracciones relativas al acceso a la información pública. Brechas de supervisión similares existen en el Poder Judicial y otros organismos autónomos.
Jaraquemada argumenta que el Estado gestiona actualmente grandes volúmenes de datos de forma aislada, sin utilizar la tecnología para prevenir irregularidades. Menciona específicamente la falta de un registro público centralizado de beneficiarios finales, lo que obstaculiza la recaudación fiscal y el rastreo del flujo de dinero del crimen organizado.
Para corregir estas fallas, la OCDE recomienda transitar de una cultura puramente formalista hacia un enfoque basado en el riesgo. Esta estrategia enfatiza el uso de la digitalización y el análisis de datos para optimizar la fiscalización.
Como advierte el informe de la OCDE, una recesión global del Estado de derecho —caracterizada por la reducción del espacio cívico y el debilitamiento de los contrapesos— hace que los sistemas robustos de integridad pública sean más esenciales que nunca.
