Una jueza de distrito de Estados Unidos, Kate Menendez, rechazó el sábado una solicitud de orden judicial preliminar para obligar a la administración del presidente Donald Trump a detener su intensificación de operativos migratorios en Minnesota. La demanda fue presentada por el fiscal general del estado, Keith Ellison, y los alcaldes de Minneapolis y Saint Paul, en medio de manifestaciones por tiroteos fatales cometidos por agentes federales.
La jueza Menendez reconoció que las autoridades estatales presentaron evidencia sólida de que las tácticas de los agentes de inmigración, incluyendo los tiroteos y las alegaciones de perfilamiento racial, estaban causando consecuencias "profundas e incluso desgarradoras" en el estado. Sin embargo, dictaminó que "en última instancia, el Tribunal considera que el equilibrio de daños no favorece decisivamente una orden judicial".
La acción legal buscaba bloquear o limitar una operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que desplegó miles de agentes en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul. Las tensiones aumentaron significativamente tras la muerte de Renee Nicole Good el siete de enero y del enfermero Alex Pretti el veinticuatro de enero, ambos a manos de agentes federales.
Funcionarios estatales argumentan que el aumento de presencia federal constituye una represalia después de que los intentos iniciales de Washington de retener fondos federales para forzar la cooperación migratoria fracasaron. Sostienen que la oleada ha supuesto un drenaje inconstitucional de recursos estatales y locales, forzando el cierre de escuelas y negocios.
El fiscal general Ellison también acusó a los agentes de perfilar racialmente a ciudadanos y de detener ilegalmente a residentes con documentación válida durante horas, utilizando tácticas intimidatorias. La administración Trump, por su parte, defiende la operación como una aplicación necesaria de las leyes federales en su esfuerzo por llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia del país.
La decisión de la jueza Menendez no constituye un juicio final sobre el caso general presentado por el estado, sino solo sobre la solicitud de una suspensión temporal. La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, celebró el fallo como una victoria para el Departamento de Justicia, afirmando que ni las políticas de santuario ni los litigios infundados detendrán la aplicación de la ley federal.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, expresó su decepción, calificando la operación federal como una "invasión" que ha provocado miedo y ha restado orden a la ciudad. Frey insistió en que la presencia federal no ha mejorado la seguridad pública, sino que ha generado lo contrario, y debe cesar.
