La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana León Hernández, firmaron un convenio de colaboración en Cuernavaca. El acuerdo establece la ejecución del Plan Integral de Seguridad Universitaria en todos los campus de la institución. Esta medida responde directamente a la demanda estudiantil tras la desaparición y hallazgo sin vida de dos alumnas.
La mandataria estatal indicó que su administración comprende la exigencia legítima de los estudiantes por contar con entornos seguros. El plan contempla la instalación de arcos de seguridad, sistemas de videovigilancia preventiva y paraderos seguros. También se incluirá la modernización del alumbrado público en las zonas aledañas a las instalaciones académicas.
González Saravia subrayó que estas herramientas deben complementarse con una presencia institucional responsable. Afirmó que el objetivo es fortalecer la tranquilidad en los campus y sus alrededores mediante acciones concretas. La gobernadora reconoció por tres ocasiones la autonomía de la máxima casa de estudios en la entidad.
La rectora Viridiana León declaró que las voces de los estudiantes son necesarias para descubrir caminos que fortalezcan a la comunidad. Mencionó que el dolor por la ausencia de Karol y Kimberly requiere acciones firmes para erradicar la violencia. Precisó que la seguridad y la educación son responsabilidades que deben atenderse de manera integral.
Sin embargo, el sector estudiantil organizado en la Resistencia Estudiantil UAEM emitió un comunicado cuestionando el proceso. Los alumnos mantienen tomada la sede central de la universidad y se dijeron excluidos en la estructuración del plan. Manifestaron preocupación por la falta de sustento técnico y transparencia en la planeación de los recursos.
El grupo cuestionó bajo qué análisis de riesgo se determinaron las cantidades y la distribución de los dispositivos de monitoreo. Exigieron que cualquier implementación tecnológica respete la autonomía universitaria y el derecho a la privacidad. Advierten que la seguridad no debe convertirse en una puerta al monitoreo político del estudiantado.
Este conflicto surge en un contexto donde las instituciones educativas enfrentan presiones por garantizar la integridad física de sus usuarios. La desaparición de las dos universitarias generó un clima de tensión que obligó a la respuesta gubernamental inmediata. La situación refleja la dificultad para equilibrar las medidas de seguridad con las garantías de libertad académica.
La implementación de este plan podría definir la relación entre el gobierno estatal y la comunidad universitaria en el futuro. Si las demandas de transparencia no se atienden, es posible que la toma de la sede central se prolongue. Las autoridades deberán monitorear de cerca la percepción de seguridad que generen las nuevas medidas.
