Un tribunal especial de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) de Nueva Delhi condenó el 24 de marzo a la destacada líder separatista cachemir Aasiya Andrabi a tres penas de cadena perpetua. El tribunal también impuso sentencias de 30 años de prisión a sus colaboradoras, Sofi Fehmeeda, de 36 años, y Nahida Nasreen, de 61.
Las tres mujeres, miembros de la organización proscrita Dukhtaran-e-Millat, fueron detenidas en 2018. La fiscalía las acusó bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), el principal estatuto antiterrorista de la India, y el Código Penal indio.
En su fallo de 290 páginas, el juez Chander Jit Singh absolvió a las acusadas de los cargos más graves, incluidos la financiación del terrorismo y la participación en una rebelión armada. El tribunal concluyó que no existían pruebas que vincularan a las acusadas con actos violentos específicos ni con la financiación directa de la insurgencia.
La criminalización de la ideología
A pesar de la falta de pruebas sobre delitos violentos, el tribunal declaró a las acusadas culpables de provocar hostilidad entre comunidades y socavar la integración nacional. La sentencia argumentó que, si bien las mujeres no incitaron directamente a la violencia, su retórica sembró la idea de que Cachemira está ocupada ilegalmente por la India.
"Los actos de las condenadas que constan en el expediente pueden no ser aparentemente la causa directa de la incitación a la violencia, pero infundir en la mente de los cachemires... la idea de que Cachemira no es parte de la India... puede despertar los sentimientos de la población", señaló la sentencia.
Los expertos legales sostienen que el veredicto marca un cambio en la forma en que los tribunales indios abordan la disidencia política. Desde las enmiendas a la UAPA de 2019, las autoridades han obtenido mayores poderes para designar a individuos como terroristas y criminalizar el discurso político.
"La ideología no es punible por ley; solo lo son las acciones", afirmó un investigador legal radicado en Cachemira que solicitó el anonimato por motivos de seguridad. "La ley ha sido diseñada deliberadamente para cumplir esta tarea precisa" de criminalizar las posturas separatistas.
Los críticos sostienen que la condena de Andrabi, de 64 años, sigue un patrón más amplio de uso de medidas judiciales agresivas para silenciar las voces disidentes en el territorio en disputa. La defensa mantiene que la condena se basa principalmente en el ejercicio de la libertad de expresión y no en una conducta delictiva.
