La República Democrática del Congo (RDC) ha finalizado un acuerdo para aceptar a migrantes deportados por Estados Unidos que no poseen la nacionalidad congoleña. La medida, que entra en vigor este mes, establece un sistema de recepción temporal para quienes lleguen desde suelo estadounidense.
Las autoridades de Kinshasa confirmaron que el gobierno ha designado instalaciones en la capital para alojar a los recién llegados. Según un comunicado emitido el domingo por el Ministerio de Comunicación, el gobierno estadounidense se ha comprometido a proporcionar todo el "apoyo logístico y técnico" necesario para el programa. El gobierno congoleño aseguró que no asumirá ninguna carga financiera por este plan.
Un panorama migratorio regional cambiante
La RDC se une a una lista creciente de naciones africanas, entre ellas Ghana, Esuatini y Sudán del Sur, que han suscrito acuerdos similares con la administración Trump. Estados Unidos ha impulsado agresivamente estos pactos de deportación a "terceros países" como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración.
En su comunicado, el gobierno congoleño enfatizó que este arreglo no constituye un mecanismo de reubicación permanente ni un intento de externalizar sus políticas migratorias. Los funcionarios aclararon además que no tienen planes de transferir a estos migrantes a sus países de origen, citando preocupaciones sobre una posible persecución. El gobierno describió la decisión como un acto de "solidaridad internacional" y un compromiso con la protección de los derechos de los migrantes.
Aunque el gobierno de la RDC no especificó el número de personas que se esperan bajo este acuerdo, el programa sigue una tendencia más amplia en la política exterior estadounidense. Un informe reciente de la minoría del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. estimó que la administración Trump ha gastado más de 40 millones de dólares en deportaciones a terceros países hasta principios de 2026. El informe señaló que Estados Unidos ha proporcionado más de 32 millones de dólares en fondos directos a socios como Ruanda, Guinea Ecuatorial y El Salvador para facilitar estos traslados.
Defensores de los derechos humanos han cuestionado la legalidad y la ética de esta política, argumentando que pone en riesgo a poblaciones vulnerables. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. aún no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre los términos específicos del acuerdo con Kinshasa.
Este pacto diplomático coincide con las negociaciones en curso entre Washington y Kinshasa respecto al acceso a las vastas reservas minerales de la RDC, que incluyen cobalto, litio y tantalio. Estados Unidos también ha buscado desempeñar un papel más importante en la estabilidad regional, facilitando recientemente un acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda, aunque su implementación sigue siendo un obstáculo para ambas naciones.