Un tribunal federal emitió una orden al Ayuntamiento de Puebla para que intervenga y verifique las construcciones irregulares dentro del predio invadido de la histórica exfábrica textil La Covadonga. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo que obliga a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano municipal a supervisar el sitio, ubicado en una zona estratégica entre Puebla y Tlaxcala.
La orden judicial también instruye a la Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado a considerar todas las pruebas presentadas por la Fundación Julita y Antonio, entidad que ha impulsado las denuncias penales contra los invasores. La Covadonga, fundada en 1897, posee relevancia histórica por ser una de las primeras factorías textiles de América Latina y cuna del primer sindicato textil de la región.
La primera invasión del terreno de 8.5 hectáreas ocurrió en abril de 2023 por un grupo de aproximadamente 50 personas armadas, lo que derivó en intentos de demolición por parte del municipio en julio de 2024, los cuales fueron obstaculizados por grupos de choque.
Jesús González Schmal, apoderado legal de la Fundación, confirmó que, a raíz de la primera incursión, la justicia vinculó a proceso a una persona identificada como Jorge N. por los delitos de despojo y contra el orden en el desarrollo urbano, aunque las medidas cautelares aún están pendientes de fijación.
Posteriormente, en febrero de 2025, se registró una segunda invasión que afectó 2.3 hectáreas adicionales, donde los invasores presuntamente agredieron a elementos de la Policía Auxiliar del Estado con armas de fuego.
El amparo fue concedido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo, luego de que la dependencia municipal se había negado a inspeccionar las edificaciones denunciadas, alegando incompetencia para actuar.
Esta decisión judicial obliga a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano a dar curso a la denuncia ciudadana y designar el personal necesario para la supervisión y verificación de los hechos denunciados en el sitio.
La intervención federal subraya la complejidad legal y de seguridad en torno a la recuperación de terrenos históricos frente a la resistencia de grupos organizados, un tema recurrente en el desarrollo urbano de Puebla.
