Culiacán, Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya entregó las primeras cuarenta viviendas del Programa Nacional del Bienestar en el fraccionamiento Nuevo Horizonte. El evento, realizado el 25 de marzo, marca el inicio de la construcción de 56 espacios habitacionales adicionales en la entidad en dos años. Rocha Moya destacó que la iniciativa está dirigida específicamente a la capa social más desprotegida del estado.
Acompañado por la secretaria de Desarrollo Agrario, Edna Elena Vega Rangel, y el director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, el mandatario visitó el lugar de los hechos. En total, 43 unidades ya han sido asignadas dentro de los 342 proyectos que actualmente están en edificación en la región. La ceremonia oficial contó con la presencia de autoridades federales y locales para formalizar la entrega.
El mandatario explicó que el programa presidencial está dirigido a trabajadores con un ingreso de uno a dos salarios mínimos. También se prioriza a personas no derechohabientes de Infonavit o Fovissste que se autoemplean sin patrón. Esta estrategia fiscal busca integrar a ciudadanos informales en el sistema de vivienda formal.
Durante el evento, Rocha Moya dio a conocer que su administración ha entregado más de 30 mil títulos de propiedad y escrituras. Estos trámites se realizan gratuitamente para otorgar certeza jurídica del patrimonio de las familias beneficiarias. La cifra representa un incremento significativo en la regularización de la tenencia de la tierra en Sinaloa.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario anunció que el programa nacional contempla la construcción de 1 millón 800 mil casas en todo el país. En Sinaloa, la meta inicial era de 29 mil viviendas, pero las gestiones con el gobierno federal aumentaron el número a 56 mil casas. Este incremento se logrará en un periodo de dos años de gestión coordinada.
El director de Infonavit explicó que las viviendas cuentan con una superficie de construcción de 60 metros cuadrados. Las unidades incluyen dos recámaras, sala, comedor, baño y cuarto de servicio con un costo de un millón 200 mil pesos. El precio final es de 630 mil pesos mediante un crédito federal con mensualidades cómodas.
Los pagos no superarán el 30 por ciento del ingreso de un trabajador para garantizar la sostenibilidad del crédito a largo plazo. Este modelo busca reducir la carga financiera sobre las familias de ingresos medios bajos que habitan en la zona. La ejecución de estos proyectos depende de la continuidad del financiamiento federal en los próximos ejercicios fiscales. La viabilidad del esquema requiere que los fondos federales se mantengan estables durante todo el ciclo de construcción.
La entrega de estos inmuebles marca un hito en la política habitacional actual del gobierno federal y estatal. Se espera que la construcción continúe al ritmo planeado para cubrir la demanda creciente en la región. Los observadores económicos vigilarán el impacto de estas medidas en el mercado inmobiliario local. El éxito de esta iniciativa podría servir como modelo replicable para otras entidades del norte del país.
