La Fiscalía Regional de Valparaíso ha abierto una investigación formal contra la senadora Camila Flores por presuntos delitos funcionarios, incluyendo cargos reiterados de fraude al fisco. La indagatoria se origina a partir de una denuncia anónima presentada en octubre de 2025, la cual detallaría un esquema de malversación de fondos públicos.
Según el Ministerio Público, el caso está siendo tramitado por la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias investigativas a cargo del departamento OS9 de Carabineros. En un comunicado oficial con fecha del 4 de abril de 2026, la Fiscalía confirmó que la investigación se encuentra en fase de desarrollo, según reportó CNN Chile. Las autoridades han decretado el secreto de las actuaciones para resguardar la integridad de la recolección de pruebas.
Los informes indican que la investigación se centra en un supuesto sistema en el que personal parlamentario debía devolver una parte de sus salarios a la legisladora en efectivo. Este mecanismo ha sido denominado informalmente por trabajadores del Congreso como “la cuota Flores”, según el testimonio de un exasesor citado por T13.
La senadora Flores responde a las acusaciones
La senadora Camila Flores (RN) se refirió a la investigación este lunes, calificando las acusaciones como “carentes de fundamento”. Confirmó que aún no ha tenido acceso a los detalles de la denuncia debido a su carácter reservado, pero mantuvo su inocencia.
“Soy una mujer valiente y no me voy a dejar amedrentar por intentos de afectar mi honra”, declaró Flores. Añadió: “Enfrento la acusación con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar, y con la convicción de que la verdad siempre sale a la luz”.
Flores aseguró que colaborará plenamente con la justicia, entregando toda la documentación que sea requerida. No obstante, sugirió que el trasfondo de la denuncia podría ser personal y no profesional. “Lamentablemente, este tipo de situaciones muchas veces tienen un origen ajeno a lo público, cuestión que deberá ser esclarecida”, señaló la senadora.
La Fiscalía confirmó que notificó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre la apertura de la investigación. Hasta el momento, el caso permanece en etapa de desarrollo y no se han presentado cargos formales contra la parlamentaria. Bajo el Código Procesal Penal chileno, toda persona bajo investigación se presume inocente hasta que se dicte una sentencia judicial definitiva.