Este lunes, la Fiscalía Metropolitana Oriente dio inicio a la formalización de 359 funcionarios públicos investigados por el uso de licencias médicas falsas. La audiencia se llevará a cabo en la sala C-103 y comenzará con un primer bloque de 49 imputados. El proceso busca esclarecer un esquema que habría generado un perjuicio económico significativo al sistema público de salud.
Según reportó La Tercera, la investigación se originó tras un informe de la Contraloría General de la República publicado en mayo de 2025. La entidad fiscalizadora detectó múltiples irregularidades en el uso de beneficios de reposo médico por parte de empleados del estado. Estos antecedentes motivaron al Ministerio Público a intensificar sus diligencias contra los involucrados.
Los datos preliminares indican que entre 2023 y 2024 un total de 25.078 funcionarios salieron del país mientras se encontraban con reposo médico. Además, otras 13.286 personas asistieron a casinos durante el mismo periodo de tiempo. Estas cifras revelan una escala de irregularidades que supera los controles habituales de las instituciones públicas.
La Fiscalía identificó médicos catalogados como grandes emisores de licencias médicas carentes de respaldo clínico real. Entre los centros de salud vinculados a estas prácticas figuran Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios. La indagatoria sugiere que estas entidades emitieron documentos sin atenciones médicas efectivas.
Los imputados enfrentan cargos por obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones. El Ministerio Público solicitará medidas cautelares para los funcionarios investigados durante las próximas audiencias. El fiscalía argumenta que estas acciones afectaron directamente los recursos de Fonasa.
Este caso resuena en el contexto de la confianza pública en las instituciones chilenas tras recientes escándalos de corrupción. Las irregularidades en el sistema de salud pública generan desconfianza en la ciudadanía sobre el uso de los recursos fiscales. La respuesta del Estado busca restablecer los controles administrativos vigentes.
Lo que viene dependerá de las pruebas presentadas durante las próximas audiencias judiciales. El caso servirá como precedente para futuras fiscalizaciones sobre el uso de licencias médicas. Se mantendrá la vigilancia sobre las nuevas emisiones de reposos en el sector público.
