La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) ordenó la suspensión del evento inmersivo “Alicia en el País de las Maravillas” instalado en el Parque Lira, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. La demarcación informó que la empresa promotora había completado todos los trámites administrativos requeridos a nivel local para la instalación del espectáculo.
La controversia se centra en la percepción de privatización del espacio público por parte de residentes y grupos políticos opositores, quienes también denunciaron posibles daños a la vegetación del parque. Vecinos y diputados de Morena organizaron una resistencia civil pacífica para impedir el desarrollo del evento comercial, argumentando falta de transparencia en el acuerdo.
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, ha reiterado que no existe privatización del parque y ha destacado los beneficios económicos del acuerdo. Según Tabe, la empresa se comprometió a aportar cuatro millones de pesos destinados a la rehabilitación del espacio, además de ofrecer acceso gratuito a los vecinos de la zona.
No obstante, la diputada Cecilia Vadillo criticó la transacción, señalando que la ganancia estimada de la empresa por los tres meses del evento ascendería a 120 millones de pesos, contrastando con los cuatro millones ofrecidos para la mejora del parque. La legisladora calificó el proceso como opaco y advirtió sobre el precedente que sienta para el uso de áreas verdes en la capital.
La movilización ciudadana ha sido un factor clave en la intervención de la PAOT, presionando a las autoridades ambientales para revisar la legalidad y el impacto del uso comercial de un parque público. Residentes como Violeta Horcasitas convocaron a mantener la defensa del espacio como tarea colectiva.
El Parque Lira posee un valor social e histórico significativo para la comunidad local, según testimonios de residentes que han visto crecer el espacio como un punto central de la vida comunitaria. La suspensión de PAOT detiene temporalmente la explotación comercial mientras se evalúan las denuncias ciudadanas y el cumplimiento normativo completo.
