Legisladores de oposición manifestaron durante un seminario en la Universidad Iberoamericana que cualquier reforma electoral debe revisar el presupuesto de los partidos y establecer mecanismos contra el financiamiento ilegal, especialmente en el contexto de violencia reciente.
La mesa de debate, que incluyó a representantes del PAN, PRI y MC, se centró en la pertinencia de discutir cambios electorales tras los recientes operativos contra el líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Los participantes coincidieron en que la discusión debe abordar la inyección de recursos ilícitos en la política nacional.
El diputado Germán Martínez del PAN calificó como una "farsa" cualquier reforma que ignore el dinero ilícito que financia campañas, proponiendo la "muerte civil" para partidos y candidatos involucrados en estos delitos. Martínez argumentó que, dado que todos los partidos tienen acusaciones de vínculos criminales, es el momento oportuno para atajar el financiamiento del narcotráfico.
Emilio Suárez del PRI advirtió que si se elimina o reduce el financiamiento público, el crimen organizado sería el primero en la fila para financiar las elecciones, buscando sustituir al Estado en la esfera pública. El legislador consideró "aberrante" considerar recortes presupuestales ante la evidente influencia del narcotráfico.
Juan Ignacio Zavala de MC criticó la complejidad del sistema electoral mexicano, que se ha ampliado con la elección del Poder Judicial, y defendió la necesidad de mantener recursos públicos como un "blindaje" contra la influencia criminal.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas coincidió en la urgencia de fortalecer el escrutinio del dinero de campaña, señalando que muchas contiendas están siendo "abordadas" por el crimen organizado. Colosio sugirió que la asignación de recursos debería basarse en la votación válida emitida, en lugar del número de afiliados.
En general, la postura de la oposición sugiere que una reforma electoral debe fortalecer, y no debilitar, los mecanismos de fiscalización y financiamiento transparente para evitar que el crimen organizado consolide su presencia en la vida política mexicana.
Estas declaraciones se producen mientras el gobierno federal alista la presentación de su propia propuesta de reforma electoral, la cual, según reportes, se centrará en principios fundamentales sin abordar necesariamente las preocupaciones sobre el financiamiento ilícito planteadas por los legisladores opositores.
